Ley de bases
Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos, aunque aun así este artículo promete generar una fuerte discusión en el recinto.
Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.
Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones, al tiempo que declara sujetas a privatización a una decena de empresas del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas. “Quiero desmitificar este tema. No es la entrega de la soberanía, es para atraer inversiones y para el desarrollo del país”, justificó su apoyo al RIGI Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. Y agregó: “Al Presidente hay que darle herramientas”. Pichetto también defendió el capítulo laboral del proyecto y reclamó a Milei un diálogo constructivo con el Congreso. “Que deje de agraviar”, remarcó.
