Ayer, el Concejo Deliberante de Salta aprobó una nueva ordenanza que establece un incremento significativo en las multas aplicables a los funcionarios municipales que no respondan o demoren en contestar los pedidos de informes solicitados por los concejales.
Esta medida tiene como objetivo garantizar una mayor transparencia ante las solicitudes de los ediles y eficacia en la gestión municipal.
La iniciativa, fue impulsada por el concejal Pablo López. El objetivo que persigue es obtener la información oportuna y precisa para que los legisladores municipales puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de representación y legislación en beneficio de los vecinos de la ciudad.
La nueva ordenanza establece que cualquier funcionario que no responda en tiempo y forma a los pedidos de informes deberá pagar una multa de $340,000. Además, se impondrá un recargo de $34,000 por cada día adicional de retraso en la entrega de la información requerida. Esta medida pretende asegurar que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades de manera diligente y oportuna.

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