Si la medida de fuerza se extiende, ese porcentaje aumentará al 50%. De esta manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa.
En su presentación, Finocchiaro señaló: “Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”.
El proyecto fue aprobado tras un intenso debate, con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Además de Finocchiaro, el proyecto ccontó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, de la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.