El Gobierno trabaja en un proyecto, al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso a partir del 1° de marzo próximo, con el que buscará derogar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”. Entre ellos, los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal. La presentación va en línea con el discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Foro Económico de Davos y que desató una fuerte polémica.
“La idea es eliminar cualquier diferenciación que haya, ante la ley o el Estado”, dicen en Balcarce 50. El proyecto no incluirá la derogación del matrimonio igualitario ni la ley de aborto.
El proyecto ya se trabaja en el área de Presidencia, bajo la mirada del asesor presidencial Santiago Caputo y María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico. Persona de extrema confianza de Caputo y pluma de varios de los proyectos más importantes del Gobierno, Ibarzabal delinea con su equipo el texto del proyecto que buscará dar de baja un número aún no precisado de leyes, entre las que se encuentran aquellas que imponen desde cupos para personas transexuales y discapacitados, hasta la figura legal de femicidio. “No tiene sentido que una pena sea más alta si la víctima es hombre o mujer”, esgrimen.
Resta conocer si, frente al femicidio, el Gobierno planteará eliminar el agravante que establece la pena de prisión perpetua para el hombre que mate a una mujer en un contexto de violencia de género (artículo 80 del Código Penal) o si irá más allá, eliminando también, por ejemplo, la reparación económica que la Ley Brisa estipuló para los hijos de las mujeres asesinadas.