El Gobierno de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Nueva York, en particular del tribunal del distrito sur de Manhattan que encabeza Loretta Preska, la jueza que tiene a cargo el extenso y oneroso juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF.
El fallo adverso llegaría en las próximas horas, según pudo saber Infobae, y en la Casa Rosada lo esperan con preocupación en un contexto en el que el Gobierno está convencido de que hay “buitres domésticos” que operan, por distintos motivos -políticos, coyunturales y económicos- contra Argentina.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen cerca del Presidente.
Apuntan a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; y también a exfuncionarios, a estudios de abogados privados, a analistas e, incluso, a empresas que, aseguran, podrían mover intereses de manera insidiosa para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que si bien está fuera de la causa podría verse afectada. Además, como parte de la estrategia general, el Estado le pedirá ayuda al Gobierno de EEUU que opine en el caso, como ya ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente.
Si bien aún no está clara la naturaleza del fallo inminente, hay varias cuestiones en paralelo sobre el escritorio de Preska. En los próximos días deberá decidir si suspende la sentencia de la entrega de las acciones. Estás podrían ser las opciones: puede llamar a una conferencia con las partes en su despacho (o de manera virtual) para seguir escuchando argumentos; puede suspender la sentencia a la espera de definiciones de casos relacionados; o puede acceder al pedido de Argentina de suspender la sentencia para que el país apele directamente a la cámara exigiendo o no garantías para hacerlo. Si toma alguna de esas dos decisiones, Argentina va a ir a la corte de apelaciones a pedir ese beneficio.
Todas estas tensiones, eventualmente, podrán terminar en un desacato para el país, siempre que el demandante lo pida. También podría obligar a poner una garantía, algo que de no cumplirse también sería un desacato directo.
