El submarino ARA San Juan (S-42) se hundía hace cinco años, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico sur como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes.
En la actualidad se siguen varias causas judiciales por este hecho ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, y además un Consejo de Guerra estableció sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades en ese siniestro.
El desenlace de la catástrofe del ARA San Juan
“Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado”, comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.
- Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.
- Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.
El Gobierno de Macri solicitó ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de casi 500.000 kilómetros cuadrados.
Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, capitán de fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado “un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión” en la zona por la cual navegaba el sumergible.
Dos días después, la entonces diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmaba en un programa de televisión que los tripulantes del ARA San Juan estaban “muertos”, y el 30 de noviembre Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
En tanto, la búsqueda de sobrevivientes era abandonada por parte de las autoridades argentinas y la zona de rastrillaje quedaba despejada.
Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda.
Finalmente, el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.
El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno “Cabo de Hornos” había indicado que podía encontrarse, una información aportada en diciembre de 2017.
En julio de 2019, la Comisión Bicameral estableció en un dictamen que hubo “una clara responsabilidad política y administrativa” de Aguad y sus funcionarios en el hundimiento del submarino.
Fuente: El Tribuno Salta
