La Cámara de Diputados de Salta avanzó con una modificación de la Ley Provincial N.º 7.800 de Protección de Usuarios y Consumidores, incorporando nuevas herramientas destinadas a resguardar los derechos de quienes realizan consultas, reclamos o gestiones ante organismos públicos y empresas prestadoras de servicios.
La iniciativa incorpora el artículo 18 bis a la normativa vigente y establece que las dependencias estatales y los establecimientos privados alcanzados por la ley deberán garantizar una instancia de atención personalizada por parte de una persona humana cuando utilicen sistemas automatizados de atención telefónica, plataformas digitales, inteligencia artificial, asistentes virtuales, bots o mecanismos similares.
El proyecto surge en un contexto marcado por el crecimiento de las herramientas tecnológicas en la prestación de servicios. Si bien reconoce los beneficios que aportan los sistemas automatizados para agilizar trámites y ampliar canales de comunicación, advierte que esos avances no deben transformarse en barreras que dificulten el acceso a respuestas concretas por parte de los usuarios.
Los fundamentos de la iniciativa señalan que en numerosas ocasiones los consumidores encuentran dificultades para resolver problemas específicos a través de contestadores automáticos o asistentes virtuales, debido a respuestas estandarizadas, limitaciones técnicas o la imposibilidad de acceder a una revisión personalizada de sus casos.

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