En el marco de una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante capitalino se aprobó el Proyecto de Ordenanza del concejal Pablo López (LLA) que propone que el Departamento Ejecutivo Municipal exija la realización de exámenes psicodiagnósticos a funcionarios de planta política y empleados municipales que, por su puesto de servicio, se encuentren en contacto directo con niños, niñas, adolescentes y personas mayores en áreas relacionadas con niñez, adolescencia, gerontología y familia.
En su presentación, el edil apuntó a prevenir: “se pide que cuando haya un niño en la municipalidad, quien esté a cargo de ese niño, ya sea cualquiera el área con vínculos directos, tienen que tener un apto”, precisó y alertó que este requisito no era excluyente anteriormente en la Municipalidad. “Lo que hacemos es proteger a nuestros niños de posibles abusadores, que no encuentren un atacante en lugar de contención”.
Los exámenes deberán ser realizados por profesionales matriculados y certificados por el Colegio de Psicólogos de Salta, con un mínimo de sesiones de análisis por parte de los profesionales al momento de evaluar al postulante, algo que será totalmente obligatorio: “es una política de Estado que incluso no le cuesta”.
A su turno, el concejal Gustavo Farquharson ponderó las políticas públicas para prevenir el abuso infantil: “es necesario fortalecer las políticas públicas en esta temática, para que los funcionarios estén controlados y capacitados en el trabajo que se realiza con los menores”, dijo y apuntó a la necesidad de repetir en escala nacional, lamentando la eliminación de los programas nacionales ENIA en la prevención del embarazo adolescente.
Por su parte, la edila Agustina Álvarez apuntó a los servicios de calidad con capacitación correspondiente en cuanto a sus recursos humanos. Recordó los hechos que “no deben repetirse”
La concejala Malvina Gareca destacó el trabajo sobre la norma, al tiempo que alertó que “en el país vamos a contramano de los derechos de las mujeres y las niñas” y recordó los discursos que ponen en duda las denuncias de abusos, detallando una serie de cifras preocupantes: “me parece importante la perspectiva de género en esta ordenanza”, resaltó.
